Educación Sexual para Decidir
Luego de la votación en Senadores sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), parecía haber un acuerdo unánime respecto de la importancia de la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) a lo largo del territorio argentino. No obstante, persisten dificultades en su implementación como así también discrepancias respecto de los contenidos que deberían ser abordados. Como consecuencia de esto, el acceso a la ESI es desigual según la jurisdicción y lxs profesionales a cargo. En este sentido, es necesario destacar que lo que está en juego es un derecho, por lo cual, desde la RIEPS nos parece fundamental retomar esta temática a los fines de dimensionar la complejidad y la relevancia de la misma en el campo de la Educación y Promoción de la Salud.
En los últimos años se fue construyendo un marco normativo que complementa y amplía derechos en materia de salud sexual integral.Con el objetivo de garantizar la ESI en las instituciones educativas, en el año 2006 se sancionó la Ley Nacional 26.150 que creó el Programa Nacional de ESI y estableció que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada.” En el 2018, a través de la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 340/18, las jurisdicciones se comprometieron a implementar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles y modalidades educativas, abordando, sin excepción, los cinco ejes conceptuales: “cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad, ejercer nuestros derechos”. Estos ejes dan cuenta de una concepción de sexualidad integral que contempla las formas de vincularse, el placer, los cuidados a la salud, las diversas prácticas sexuales; sin desconocer los contenidos biológicos (como ser el reconocimiento del cuerpo y cómo funciona, las infecciones de transmisión sexual, cómo prevenir un embarazo) que también son claves en el abordaje de la sexualidad.
Sin embargo, los datos relevados en un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos en 2017 dan cuenta de que el Programa Nacional de ESI ha sufrido un fuerte desfinanciamiento en el último tiempo. Esto se evidencia en la significativa reducción del presupuesto asignado como así también en el escaso alcance de las capacitaciones implementadas, las cuales cubren cada vez menos provincias y docentes. Sin dudas, esto supone un impacto negativo en materia de acceso a derechos por parte de lxs niñxs y adolescentes, lo cual se observa en los resultados arrojados por la última evaluación Aprender, en donde 8 de cada 10 adolescentes del último año del secundario dijeron que educación sexual y violencia de género son temas que la escuela debería abordar y no lo hace.
Históricamente, la sexualidad fue considerada desde un enfoque biologicista, con un fuerte anclaje en la reproducción y la genitalidad. Concebir la sexualidad en estos términos implica reducirla al abordaje de la anatomía masculina y femenina, las posibles infecciones de transmisión sexual y los métodos anticonceptivos disponibles. Asimismo, no es casual que lxs unicxs destinatarixs de estos contenidos fueran principalmente lxs adolescentes, negando, de esta manera, que la sexualidad es un proceso que se da a lo largo de toda la vida y que está atravesada por múltiples dimensiones (culturales, sociales, psicológicas, políticas, entre otras).
Ahora bien, la sexualidad es un terreno plagado de silencios y tabúes no sólo para lxs adolescentes, sino también para lxs adultxs. Por esta razón, consideramos necesario dimensionar el desafío que supone trabajar en materia de ESI, ubicándonos en una situación de constante aprendizaje. Esto implica poder reconocer y trabajar nuestros propios supuestos y limitaciones, identificando que todas nuestras prácticas, de manera implícita o explícita, conllevan una concepción acerca de lo que se entiende por sexualidad.
Por todo esto, lxs profesionales de la salud enfrentamos la necesidad de replantearnos crítica y constructivamente el modo en que desarrollamos acciones sobre educación sexual en las instituciones. Ante este panorama, consideramos que es fundamental redoblar nuestros esfuerzos para promover un trabajo articulado entre diferentes sectores como los equipos de salud, la comunidad educativa, las organizaciones sociales, entre otros. Para esto, consideramos necesario ubicar a lxs estudiantes como sujetos de derecho, independientemente de la religión que se profese en el colegio o de las convicciones de las personas a cargo de esta responsabilidad.
Entendemos que este es un primer paso necesario que nos permitirá construir espacios en donde lxs niñxs y adolescentes puedan ejercitar el pensamiento crítico y la mirada desnaturalizadora, en donde puedan conocerse y respetarse, tomar decisiones en relación al cuidado de su cuerpo, construir maneras saludables de vincularse y disfrutar de su sexualidad en el marco del respeto por lxs otrxs.
La Educación Sexual es un derecho, no un privilegio.